Existen formas de violencia que no dejan huellas físicas ni aparecen reflejadas en informes clínicos o expedientes administrativos. Son manifestaciones de maltrato que, aunque invisibles, tienen un profundo impacto en la salud emocional, la autoestima y la dignidad de quienes las sufren. Entre ellas destaca una de las más normalizadas y menos denunciadas: la falta de empatía en los entornos de atención sanitaria y cuidados.

Cuando se aborda el maltrato hacia las personas con discapacidad, la atención suele centrarse en las agresiones físicas, el abandono o la vulneración explícita de derechos. Sin embargo, existe una dimensión más sutil y cotidiana que merece una atención especial por parte de las instituciones, los profesionales y la sociedad.

Esta forma de maltrato se manifiesta mediante conductas aparentemente menores que, acumuladas, generan procesos de deshumanización: ignorar una petición de ayuda, hablar sobre una persona sin dirigirse a ella, tomar decisiones sin contar con su opinión, minimizar sus preocupaciones o responder con indiferencia a sus necesidades. Son prácticas que vulneran la autonomía, la participación y el respeto.

Las personas con discapacidad que se encuentran hospitalizadas, residen en centros sociosanitarios o reciben apoyos especializados depositan en los profesionales algo más que una expectativa de atención técnica. Depositan confianza, seguridad y una parte importante de su autonomía personal. Esperan cuidados basados también en el reconocimiento de su condición de sujetos de derechos.

Desde la perspectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la dignidad inherente, la autonomía individual, la participación plena y el respeto a la voluntad de la persona constituyen principios esenciales. Cuando estos se ignoran en la práctica cotidiana, se produce una forma de violencia institucional que, aunque no siempre sea intencionada, tiene consecuencias reales.

La dependencia entre la persona usuaria y quienes prestan los apoyos contribuye a invisibilizar estas situaciones. Muchas personas necesitan asistencia para su movilidad, comunicación o acceso a tratamientos y pueden temer expresar quejas por miedo a represalias o a que sus necesidades futuras no sean atendidas adecuadamente. La falta de empatía no es solo una carencia relacional. Influye directamente en el bienestar emocional, la confianza hacia los profesionales, la adherencia a los tratamientos y la calidad asistencial percibida. La indiferencia genera ansiedad, inseguridad y sentimiento de abandono.

Por ello, resulta necesario ampliar el concepto de accesibilidad. Además de la accesibilidad física, tecnológica y comunicativa, debe promoverse una auténtica accesibilidad humana, basada en el respeto, la escucha activa, la participación y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

La inmensa mayoría de los profesionales de la salud, los servicios sociales, la rehabilitación y los cuidados desempeñan su labor con un elevado compromiso ético y humano. Por respeto a esos valores, es imprescindible identificar y corregir las conductas que contradicen una atención centrada en la persona. La construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva exige reconocer que la dignidad no depende de la capacidad física, cognitiva o funcional de cada individuo. Cuidar no consiste únicamente en atender necesidades o aplicar procedimientos clínicos; significa también reconocer la humanidad, la voluntad y los derechos de las personas con discapacidad. La verdadera inclusión comienza cuando dejamos de ver pacientes, usuarios o dependientes y empezamos a ver personas.