Cientos de personas han llenado este martes las calles del centro de Málaga en una multitudinaria manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes tras el ... suicidio de Marta Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida presuntamente como consecuencia del acoso escolar que sufría. La concentración, que partió desde la plaza de la Constitución, ha ido creciendo a medida que avanzaba por el casco histórico, reuniendo sobre todo a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, pero también a familias y ciudadanos de todas las edades que han querido mostrar su apoyo a la familia de la menor y exigir medidas urgentes contra el 'bullying'.

Entre pancartas y consignas como «El silencio también mata», «Ni una víctima más» o «Educar para respetar», los manifestantes han clamado contra lo que consideran la «pasividad» de las instituciones ante el acoso escolar. Los cánticos, que resonaban por todo el centro de Málaga, han convertido la ciudad en un altavoz de indignación y solidaridad. «Hoy Málaga grita por Sandra y por todas las víctimas de acoso», coreaban los asistentes, en una jornada que ha unido a estudiantes de toda España bajo un mismo lema: poner fin al silencio y exigir justicia.

La capital malagueña no ha sido la única ciudad donde se ha celebrado esta jornada de protesta. En Madrid, Bilbao, Oviedo, Logroño, Bilbao o Gijón también se han convocado manifestaciones para mostrar el rechazo por lo sucedido en Sevilla así como para reclamar más recursos en educación y sanidad pública contra el 'bullying'. También se ha movilizado a la ciudadanía de Cataluña, Murcia, Ceuta, Cantabria, Islas Baleares, La Rioja, Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura así como en otras capitales de Andalucía.

Objetivo de la huelga

El motivo de la huelga es concienciar sobre la lucha contra el acoso escolar, aunque el Sindicato de Estudiantes también pide unas medidas concretas. La organización exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la víctima, y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.

A su vez, reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. Asimismo, el sindicato demanda una educación libre de discursos de odio.