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Fueron unos terrenos expropiados cerca de la carretera de Ojén, pero el Ayuntamiento de Marbella no hizo nada con ellos y estuvo a punto de ... perderlos en los tribunales. Es el viaje que hace más de 30 años inició la finca de La Torrecilla, donde a partir de 2026 comenzará a levantarse una, seguramente, no menos vieja aspiración de la localidad: la Ciudad de la Justicia.

La historia de la parcela arranca el 19 de mayo de 1994 con la rúbrica del poderoso Pedro Román en su papel de alcalde accidental de Marbella, en sustitución de Jesús Gil. Román firma un «acta de mutuo acuerdo, expropiatorio y de ocupación» con tres empresas, Coinsa Constructora Inmobiliaria, Promotora Extremeña y Edificios Don Gonzalo. La primera es propietaria de unos terrenos rústicos de tanto valor que acaban albergando el centro comercial La Cañada, mientras que las otras dos sociedades poseen otros bienes que se incluyen en la operación: tres apartamentos y un local comercial en el edificio Mayoral.

El gobierno de Gil recibió tres apartamentos que subastó en 1994, un local que permutó en 1999, transmitió a un tercero parte de una parcela, y nunca compensó a sus dueños

El Ayuntamiento recibe dos parcelas rústicas en La Torrecilla, los cuatro inmuebles y una cantidad en metálico de algo más de de 15 millones de pesetas (9 millones de euros de hoy), mientras que las empresas son compensadas con una parcela de La Torrecilla de 34.085 metros cuadrados con una edificabilidad neta de 20.110 que permite levantar 201 viviendas. Los terrenos que reciben aún no puede ser utilizados para este proyecto, porque en el planeamiento urbanístico que estaba en vigor tenían fijado un uso como «equipamiento comunitario», hasta el punto de que el acuerdo de expropiación contempla el abono de intereses por parte del Consistorio.

El cambio en el planeamiento no se produjo, como tampoco el uso del Ayuntamiento, a pesar de que el expediente se fue prolongado en el tiempo hasta el punto de que contiene las firmas de Julián Muñoz como primer regidor accidental y como alcalde, ya en 2003. Las empresas se cansaron y acabaron denunciándolo en 2012. El caso llegó en al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Supremo. Una providencia del alto tribunal zanjó en 2017 el asunto y acabó estimando parcialmente el planteamiento de las mercantiles. En palabras del TSJA: «El convenio ha de entenderse resuelto pues la Administración no ha cumplido con lo que le incumbía y la consecuencia ha de ser únicamente el resarcimiento del daño».

La vuelta a la tortilla

Pero todo ya no podía volver a la situación inicial. El gobierno municipal de Jesús Gil había vendido los apartamentos por subasta en 1994, había permutado el local comercial en 1999, parte de los terrenos habían acabado agrupados en otra finca municipal que había sido trasmitida a un tercero y otra parte se correspondía ya con viarios públicos.

Las empresas se cansaron, lo denunciaron en 2012 y el caso llegó al Supremo y fue zanjado en 2020 con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local

La disputa por la finca que albergarán la nueva Ciudad de la Justicia acaba llegando a su fin en julio de 2020 con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que el Ayuntamiento le da la vuelta a la tortilla y se acaba quedando con ellos gracias a una compensación a las empresas de casi 2,7 millones de euros, la mayor parte por intereses (1,46 millones). A esto se suma el abono a Promotora Extrema de 563.000 euros por los tres apartamentos y el pago en metálico recibido por el Ayuntamiento; de 465.000 euros a Coinsa por las dos fincas transmitidas; y de 200.000 euros a Edificios Don Gonzalo por el local comercial. En total, unos 3,93 millones de euros.